En los primeros dos años de gestión, el Gobierno del Presidente Bukele logró que el caso de El Chaparral fuese judicializado, obra que experimentó severas irregularidades bajo la administración de los expresidentes del FMLN, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, vinculados a la empresa ASTALDI, esta última obligada a devolver $ 227.6 millones al Estado.
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