Las pruebas que presentó la Fiscalía General de República (FGR) para el requerimiento contra varios políticos, demuestran que el expresidente del país, Salvador Sánchez Cerén, autorizó a los exministros, Benito Lara y Arístides Valencia, para que negociaran con pandillas, poniendo en riesgo la vida de millones de salvadoreños.
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