Caso sobresueldos de funcionarios de ARENA lleva meses sin ser investigado por la CSJ

Miembros de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) presentaron este miércoles una denuncia ante Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que ordene a la Sección de Probidad investigar a 10 exfuncionarios por posible enriquecimiento ilícito en los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca.

Hace algunas semanas la misma organización no gubernamental también presentó en la CSJ otra denuncia por enriquecimiento ilícito en contra de 11 exfuncionarios de los dos últimos gobiernos de ARENA, por este caso la Corte Plena ya ordenó a Probidad inicie las investigaciones correspondientes para determinar el posible delito.

Leonel Herrera, miembro de ASGOJU, argumentó que la denuncia se ampara en los criterios que la CSJ estableció para ordenar la investigación por enriquecimiento ilícito, entre los que mencionó la notoriedad de los casos y la cercanía de la caducidad.

“Es una demanda plenamente sustentada igual que la anterior y por tanto esperamos que la misma corte Plena actué de la misma manera frente a esta demanda pues llevan dos meses sin hacer nada”, explicó Herrera.

Aclaró que no pueden dar fe de la veracidad de los recibos que han circulado en diversos medios de comunicación electrónica, por lo que dijo que serán las autoridades pertinentes las que descartarán o confirmaran su autenticidad.

En la nueva lista de exfuncionarios figura Conrado López Andreu, que fue ministro de Gobernación durante la presidencia de Flores; Jorge Nieto, ministro de Obras Públicas del expresidente Saca y quién también fue superintendente de la SIGET y Ministro de Trabajo.

Otros que figuran en la lista son Carlos Rosales, secretario de Comunicaciones del Expresidente Flores y durante el gobierno de Antonio Saca fungió como secretario particular un cargo que, según los denunciantes no existía, solo estaba establecida la Secretaría Privada puesto que ostentaba Elmer Charlaix, este último detenido durante la operación “Destape de la Corrupción” en un operativo que fue ejecutado por la Fiscalía General de la República a finales del año pasado.

También David Escobar Galindo, quien fue miembro de la Comisión Nacional de Desarrollo durante los gobiernos de Armando Calderón Sol hasta el de Saca, aparece en la lista de las personas que pudieron haber recibido un sobresueldo según los documentos filtrados por fuentes anónimas a través de las redes sociales.

Roberto Rochi Parker quien fue ministro de Turismo; Eduardo Antonio Zablah, ministro de Economía y jefe del gabinete del expresidente Saca; Francisco Ricardo de Sola, miembro de la Comisión Nacional de Desarrollo, que actualmente labora en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), son otros de los denunciados.

Las organizaciones denunciantes también exigieron nuevamente que se investigue a Roberto Rubio Fabián, exmiembro de la Comisión Nacional de Desarrollo en los gobiernos de Flores y Saca, actualmente es director de la Fundación Nacional de Desarrollo (FUNDE) y el representante de Transparencia Internacional capítulo El Salvador. En la misma petición se solicita indagar a Yolanda Mayora de Gaviria, que fue ministra de Economía en el último gobierno de ARENA.

Herrera lamentó que la Corte Plena le cierre el acceso a los medios y a la ciudadanía de tener más conocimiento de los casos que actualmente investiga la Sección de Probidad, medida que, según él, va en contra sentido con el derecho de acceso a la información y la transparencia.

Los miembros de la Alianza pidieron a los aplicadores de justicia acelerar las investigaciones contra estas personas debido a que en algunos casos el delito ya está por prescribir.

“Es necesario que se tome en cuenta el criterio de la cercanía de la caducidad sea determinante porque los funcionarios que están ahora o que salieron recién, vamos a tener tiempo de investigarlos y mientras que en los otros casos se van a quedar sin investigar, entonces es necesario priorizar en estos casos”, expresó Herrera.

Margarita Posada representante de ASGOJU expresó su preocupación por el papel que ha desempeñado la Sección de Probidad al no ordenar investigaciones de casos de enriquecimiento ilícito de varios exfuncionarios que no han logrado justificar el incremento de su patrimonio.

Según Carlos Flores miembro de ASGOJU estos sonados casos de corrupción, en los últimos dos gobiernos del principal partido de oposición solo evidencian que pudo existir una red que desviaba los fondos de la Partida Secreta, de donde se sustrajeron más de $320 millones.

“Lo que nosotros sospechamos es que existía una red que servía para blanquear dinero sustraído de las arcas del Estado y es así como estos exfuncionarios podrían haber recibido sueldos tres veces más de lo que ganaban. En el periodo de Antonio Saca un solo funcionario pudo haber recibido hasta $700,000 de sueldos anuales, este es el caso de los que recibían $10,000”, explicó Flores.

Los denunciantes buscan que la CSJ aplique a estos exfuncionarios la Ley de Extinción de Dominio para recuperar el dinero que fue sustraído producto de la malversación de fondos. Actualmente el expresidente Saca y otros funcionarios de su gobierno se encuentran recluidos en el penal La Esperanza conocido como Mariona, por posible enriquecimiento ilícito.

Con información de Transparencia Activa.