Constructora de Florentino Pérez destruye río y deja sin agua a comunidad en Guatemala

El grupo español Cobra-ACS, presidido por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, está detrás de una polémica infraestructura en Guatemala que ha desatado una oleada de críticas y rechazo. La empresa está construyendo un complejo hidroeléctrico en territorio indígena bautizado como proyecto Renace que, según la ONG Alianza por la Solidaridad, está afectando gravemente a una población de 29.000 quekchís y a la biodiversidad de la zona.

La obra, que se realiza a lo largo de unos 30 kilómetros del cauce del río Cahabón, se ha puesto en marcha sin realizar consulta alguna a las comunidades indígenas locales, tal y como exige el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Guatemala. Según denuncia la ONG, el flujo de agua en el río prácticamente ha desaparecido, lo que perjudica gravemente a las comunidades de indígenas, que viven sin servicios tan básicos como la energía eléctrica o el acceso al agua potable.

Para denunciar la situación, la ONG ha puesto en marcha la campaña TieRRRa, que pretende recoger 10.000 firmas en solidaridad con los afectados por la obra, y que se harán llegar a la compañía española y a su máximo responsable. El objetivo de la recogida de firmas es apoyar a la ONG local Madreselva, que lucha por los derechos ambientales y de las comunidades indígenas en Guatemala.

“Lo curioso de todo este asunto es que quisimos conocer el proyecto de primera mano porque se nos decía que era un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Que todo el mundo estaba contento y que no había conflicto alguno”, cuenta Rosa M. Tristán, de Alianza por la Solidaridad. “Cuando lo vimos con nuestros ojos no dábamos crédito: aquello era un auténtico desastre. En el río, al que habitualmente acudían los habitantes de la zona a coger agua, pescar o lavar, prácticamente no queda cauce. Atrapan el agua y la van soltando en determinados puntos. En los pocos kilómetros en los que corre es imposible que quede biodiversidad alguna”.

Durante su visita a la zona, la representante de la ONG consiguió reunirse con un representante de ACS. “No me quiso decir prácticamente nada”, lamenta Tristán. “Básicamente, argumentan que la responsabilidad del proyecto es de CMI, que es quien ha subcontratado a Cobra-ACS. Y que estaban convencidos de que las cosas se están haciendo muy bien. Desde Alianza por la Solidaridad pensamos que ACS no puede lavarse las manos. Los derechos humanos y medioambientales están por encima del beneficio económico”.

Con información de lamarea.com España.