Denuncian a Douglas Meléndez por supuesto cobro de $85 mil en CEPA antes de ser electo Fiscal General

El abogado Héctor Alberto Rodríguez Cea, presentó un aviso ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) a fin de que siga una investigación contra el fiscal general de la República, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, para determinar si el funcionario cobró de forma irregular una indemnización en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), días antes de tomar posición en la Fiscalía General de la República.

Según el demandante, el aviso es para que el TEG determine si existió una "indemnización ilegal a favor de Meléndez Ruiz, lo que podría implicar un enriquecimiento ilícito de su parte y un mal manejo de los fondos públicos por parte de las autoridades de CEPA”, detalló el abogado que presentó el escrito ante el Tribunal de Ética Gubernamental.

Se explicó que antes de ser electo por los diputados de la Asamblea como titular de la Fiscalía General de la República, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz fungió como gerente legal de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, desde julio de 2007 hasta el 5 de enero de 2016.

Héctor Alberto Rodríguez Cea, advirtió que existe el riesgo que se haya violado el artículo seis literales A, B y H de la Ley de Ética Gubernamental, por lo que se pidió al TEG que inicie las diligencias respectivas para determinar la veracidad de las suposiciones.

También se solicitó al mencionado Tribunal, que se verifique “si CEPA ha ocultado información con el objetivo que no se conozca si existió un fraude”, añadió el licenciado demandante.

De forma paralela, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a CEPA que entregue el reporte de los empleados despedidos y las razones por las que fueron cesados entre el 2015 y 2016, a lo que la autónoma se negó justificándose en la reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que estableció nuevas restricciones para solicitar registros públicos que no se encuentran en la ley.

“Sería lamentable que el titular del ministerio público haya cobrado una indemnización que se estima en unos $85 mil y que se haya empleando la figura del despido, cuando en realidad fue él quien se presentó con candidato a fiscal general y por ética debió presentar su renuncia a su anterior cargo”, explicó el profesional en derecho.