Diputados afirman que no privatizarán el agua pero quieren dar más poder a privados y menos al Estado

La propuesta de ley del agua que se estudia en la Asamblea Legislativa, respaldada por diferentes diputados, va en camino a minimizar la participación estatal en la toma de decisiones y la empresa privada tendría más peso en la administración del recurso.

Al interior de la Asamblea la ley ha generado acusaciones y opiniones encontradas, hacia el exterior de igual manera se ha enfrentado la empresa privada con la iglesia católica e incluso estudiantes han realizado marchas de rechazo. Pero más allá de la polémica, de voces de sus actores se explica el proyecto de ley.

La respuesta de los grupos parlamentarios depende del bando al que se le consulte. Los diputados de ARENA y sus aliados han negado en muchas ocasiones que se trate de “privatizar el agua”, diferentes miembros del grupo parlamentario lo han repetido en muchas ocasiones. El propio presidente de la Asamblea, Norman Quijano, lo negó tras los disturbios que se generaron la semana pasada en el recinto legislativo: “ARENA no está en favor de ninguna privatización, lo hemos dicho una y mil veces y lo vamos a repetir hasta la saciedad”.

Si la consulta se traslada para la bancada del FMLN, al gobierno y a la iglesia católica, este último participó en la formulación del proyecto de Ley General del Agua -propuesta que se estudió en la legislatura pasada-, coinciden en lo mismo: la derecha quiere privatizar el agua. “Aquí no podemos hablar de otra cosa que más que de privatización cuando se quieren apoderar del recurso agua de este país”, expresó la diputada efemelenista, Dina Argueta.

Fuera de posiciones radicales de cada uno de los bandos, la comparativa de las cinco propuestas de leyes que están en poder de El Salvador Times y que se utilizan como insumo para trabajar el proyecto actual del agua revela que hay muchas coincidencias en las propuestas. Todos plantean la creación de un organismo rector, una autoridad que se encargue de la administración, gestión y regulación de los recursos hídricos.

Algunas diferencias se presentan cuando se habla de a quién estará adscrita; es decir, a quién estará asignado ese organismo. La propuesta de la sociedad civil, lo denomina como Consejo Nacional del Agua (CONAGUA) y le asigna la responsabilidad administrativa y financiera a la Presidencia de la República.

La propuesta de ley del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) lo nombra como Consejo Nacional del Agua (CNA) y la propuesta de la iglesia Católica en conjunto con la Universidad José Simeón Cañas (UCA) lo nombra como Autoridad Nacional de Aguas (ANA), esas dos propuestas también le asignan la responsabilidad a la Presidencia.

Mientras que las propuestas de la Asociación de Regantes y la Asamblea Legislativa, inicialmente se había denominado al organismo como Autoridad Hídrica. Estas dos propuestas adscriben la responsabilidad del organismo al órgano Ejecutivo, a través del MARN. En el anteproyecto que se discute en la Asamblea se acordó denominar al organismo como ANA, igual que la propuesta de la UCA.

Las propuestas de la Sociedad Civil, MARN e Iglesia-UCA tienen como base el proyecto de la Ley General del Agua, mientras que las propuestas de la Asociación de Regantes y la de los diputados utilizan la Ley Integral del Agua, dicha propuesta fue entregada en la legislatura anterior y es la que actualmente sirve como columna vertebral para la discusión actual [vía: ESTimes].