Así privatizó ARENA la banca, la telefonía y las pensiones

La privatización ha sido el mecanismo por el cual los gobierno s de derecha en El Salvador han entregado a manos de privados los bienes públicos para que sean manejados por estos, con la excusa de que existiría un mejor beneficio para la población, lo cual históricamente se ha comprobado que no fue así.

En El Salvador en tema de la privatización inició en abril de 1991 de la mano del primer gobierno de ARENA creándose la Comisión Nacional de Privatización (CNP). En mayo del mismo año el Consejo de Ministros emitió un decreto en el que se hacían efectivas las disposiciones para el funcionamiento de la Comisión.

La Comisión estaría formada por nueve miembros: el presidente que sería nombrado directamente por el Presidente de la República, cuatro representantes del gobierno (que en ese entonces estaba en manos de ARENA), cuatro miembros del sector productivo (entiéndase empresa privada; entiéndase ANEP) y uno de los vice-presidentes del Banco Central.

El argumento en el que se centra toda la idea de la privatización es simple: reducir al Estado a su mínima expresión posible para que la empresa privada nos lleve, como sociedad, al anhelado Desarrollo, el nirvana capitalista.

Pero desde el inicio fue evidente que este camino no era el indicado. La privatización fue un fracaso en los países más desarrollados, y en los más pobres lo fue todavía más.

LA BANCA

La privatización peor ejecutada en este país fue la de la banca: no hubo ninguna garantía ni transparencia en el proceso. Aunque no se haya llevado a juicio ni esté debidamente comprobado, existen fuertes indicios de que determinados grupos familiares se apoderaron de este rubro. A pesar de eso, las privatizaciones continuaron, aunque casi nadie confiaba en ellas.

Fue el Banco Central de Reserva (BCR) el encargado de coordinar y dirigir la privatización del sistema financiero, habiendo logrado privatizar a la fecha tres bancos: Banco Cuscatlán, Agrícola Comercial y Banco de Desarrollo e Inversión.

En teoría, pasar la administración de un bien o servicio a manos de privados tendría como resultado un incremento importante en la productividad de la sociedad, porque agilizaría procesos y permitiría crear fuentes de trabajo y etc.

LA TELEFONÍA

En realidad la privatización no fue a las telefonías únicamente sino a todo el espectro radioeléctrico, pero para poner las cosas más simples digamos solo la telefonía.
Desde 1885 (año en que El Salvador tuvo su primera línea telefónica) hasta mediados de 1990, el servicio telefónico en el país fue prestado principalmente por el Estado.

A partir de este año se inició un proceso de privatización de las telecomunicaciones, como parte de los programas de Ajuste Estructural y Estabilidad Económica que se implementaron en la mayoría de los países de Latinoamérica.

En 1996, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, así como una primera Ley de Telecomunicaciones. Esta primera ley fue derogada y sustituida en 1997, por la actual Ley de Telecomunicaciones.

Fue así que el gobierno entregó a una compañía francesa la potestad de manejar las telecomunicaciones en el país que hasta esa fecha había sido manejado por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).

LAS PENSIONES

Quizá la privatización más polémica no solo porque el país ya venía de varias privatizaciones en las que se demostraba que los únicos beneficiados con este sistema eran los empresarios acaudalados que se quedaban con el botín, sino que además se trataba de los ahorros de toda la vida de la clase trabajadora del país, pero con un Estado controlado por la derecha, donde las instituciones como la CSJ, el Gobierno y demás organismos respondían a intereses económicos, se logró llevar a cabo la privatización de la mano del segundo gobierno de ARENA con el presidente Calderón Sol.

La reforma establecía que el Instituto Nacional de Pensiones (INPEP) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) dejarían de adminstrar los fondos de los trabajadores para crear una nueva figura, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) quienes serían entes privados y recaudarían más dinero entregando menos réditos a los trabajadores.

¿Cómo fue el reparto de 1998? Quienes tenían menos de 36 años pasaron automáticamente al sistema privado de pensiones, a las AFP; es decir la sangre fresca, sangre nueva que iba a tributar, a recaudar por muchos años y al Estado se le dejó a todas las personas mayores de 36 años y por lo tanto las más próximas a la jubilación.

Desde 1998 a 2017, los trabajadores de este país que aportan al sistema de pensiones han juntado y reunido un poco más de 6,700 millones de dólares, de esas contribuciones las AFP se han llevado el 21%, es decir alrededor de 1,400 millones de dólares.

El modelo privatizador ha demostrado estar equivocado. Lo han comprobado países donde la institucionalidad funciona, ¿por qué habría de servir en un país donde no existe credibilidad en nada?

No se trata de una ideología sino de las pruebas: las privatizaciones en El Salvador ha arruinado más de lo que ha construido.

En las pasadas semanas organizaciones e instituciones han externado su preocupación por el intento de algunos diputados de ARENA y del sector privado de iniciar un proceso de privatización con la aprobación de una nueva Ley General del Agua con lo cual El Salvador se convertiría en el único país del mundo en privatizar este bien público que es un derecho humano.

Con información de:
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