El pasado 4 de octubre del 2017, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizó el llamamiento a elecciones sin embargo, en esta ocasión, los partidos no podían pedir parte del dinero de la deuda política para sus campañas porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso candados a la entrega del dinero debido a que los partidos se negaron a revelar sus financiamientos privados, y la Asamblea Legislativa tampoco realizó una reforma para dar a conocer los nombres de los donantes.
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