EE. UU. anuncia nuevas restricciones de visas contra funcionarios corruptos y familiares de cuatro países de América Latina


Las primeras acciones anunciadas son contra Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

ee-uu-anuncia-nuevas-restricciones-de-visas-contra-funcionarios-corruptos-y-familiares-de-cuatro-paises-de-america-latina

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 28 de septiembre de 2026 una nueva política de restricciones de visas dirigida a funcionarios y familiares que, según Washington, contribuyan a debilitar gobiernos democráticamente elegidos mediante actos de corrupción o actividades relacionadas con el narcotráfico. La medida se aplica bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que contempla restricciones de ingreso cuando la entrada de una persona pueda tener consecuencias potencialmente graves para la política exterior estadounidense.

Las primeras acciones anunciadas son contra Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En Bolivia, Estados Unidos informó sobre restricciones contra 12 ciudadanos y sus familiares, además de otros nueve nacionales que quedaron impedidos de obtener visas. En Colombia fueron señalados el empresario Euclides Antonio Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, mientras que Ecuador registra dos personas afectadas y Perú una, el juez Juan Carlos Núñez Matos. En varios casos, el Departamento de Estado informó sobre la revocación de visas existentes. 

Además, Washington anunció la designación pública del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por presunta participación en hechos de corrupción, medida que también alcanza a sus familiares directos. El Departamento de Estado sostiene que estas acciones forman parte de los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de líderes de la iniciativa “Escudo de las Américas”, con el objetivo declarado de combatir la corrupción, el narcotráfico y las amenazas al Estado de derecho en la región. Las acusaciones corresponden a señalamientos del Gobierno estadounidense y las restricciones migratorias constituyen una medida administrativa, no una condena judicial.


Más información.