Juan Orlando toma posesión como presidente de la mitad de Honduras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido reelegido este sábado como jefe del Estado para los próximos cuatro años. Orlando gobernará un país dividido en el que la oposición no reconoce su victoria electoral y donde crecen las voces que señalan el giro autoritario en su gestión. Mientras prometía un futuro mejor para el país, miles de personas llegadas de todos lados hasta la capital, Tegucigalpa, protestaban en contra de lo que consideran una reelección ilegítima.

Precisamente el miedo a las protestas marcó la ceremonia, y hasta pocas horas antes de su toma de posesión se desconocía la hora y el lugar desde donde juraría el cargo —con la mano sobre la Biblia— y se dirigiría al país —con la banda presidencial cruzándole el pecho—.

Solo cuando apareció junto a su esposa y rodeado de guardaespaldas, se supo que la investidura sería en el Estadio Nacional. A pesar de que tiene una capacidad para 35.000 espectadores, el mandatario definió el acto como algo “sencillo”, alejado de la ostentosidad de otras veces. Esta vez se querían evitar los disturbios ante una potencial movilización de miles de personas.

La oposición, liderada por Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, no reconocen los resultados de las elecciones del pasado 26 de noviembre que dieron la victoria al mandatario conservador por unos 50.000 votos. La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió la repetición de los comicios ante las graves irregularidades detectadas antes, durante y después del día de votación.

Consciente de su escaso apoyo popular, Orlando dijo en su discurso que libra “la madre de todas las batallas”, y reconoció la división que su reelección había generado. “Si una casa está dividida no puede permanecer y soy consciente de las diferencias políticas en el país, pero no hay diferencias que justifiquen la violencia (...). No es justo generar ese temor”, señaló.

Durante su discurso, que duró una hora, defendió su gestión en tres aspectos; la economía, la reducción de homicidios, y su lucha contra la corrupción. En un ejercicio de impúdico funambulismo, el mandatario incluso citó a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) —creada por la OEA—, como ejemplo de su compromiso pocos días después de que fueran cercenadas sus principales competencias.

Desde la semana pasada, una reforma legal otorga competencia exclusiva al Tribunal Superior de Cuentas, controlado por el Gobierno, para investigar casos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos y le quita a la Fiscalía la potestad para juzgar casos de corrupción. La ley es retroactiva, así que aplica a todos los manejos de fondos públicos desde 2006 [vía: El País].