Políticos usan finiquitos como “certificados de transparencia”

Los políticos continúan utilizando los finiquitos extendidos por la Corte de Cuentas de la República, (CCR) como requisito para "transparentar" su gestión publica e inscribirse al Tribunal Supremo Electoral (TSE), a pesar de que es un documento que ha perdido credibilidad entre la población, ya que algunos expresidentes y otros exfuncionarios han sido objeto de juicios por corrupción.

Los ejemplos abundan. Los exgobernantes Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, además del exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto; el expresidente de la ANDA, Carlos Perla y otros altos funcionarios públicos han sido cuestionados y algunos de ellos enfrentaron a la justicia por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.

Sobre este punto, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, ha reiterado en muchas ocasiones que el dinero nunca va a alcanzar en este país, porque aún existe la corrupción, el cual es un mal que no permite llevar más beneficios a la población, porque gran parte de los recursos van a pagar a los bolsillos de los funcionarios públicos de turno.

Es cuestionable también cómo la CCR, ha emitido a algunos de ellos "finiquitos exprés", como fue el caso del expresidente Saca, a quien un día después de haber dejado su puesto, se le otorgara dicho documento por parte del entonces presidente del ente contralor, Hernán Contreras, todo con el propósito de hacer creer a la población que había realizado una gestión transparente.

Lo mismo sucedió con el expresidente Funes, a quien sin haberle hecho una minuciosa auditoría por parte de la CCR, le fue concedido el documento, pero con el correr del tiempo la misma oposición política se encargó que denunciarlo ante la Unidad de Probidad de la Corte Suprema de Justicia para que lo investigara por no justificar el aumento de su patrimonio en más de 700 mil dólares, luego de haber salido de la presidencia.

El expresidente Flores no fue la excepción de la regla. A raíz de todo ello la población ya no cree en los políticos y mucho menos en la gestión contralora que, supuestamente, ejerce la CCR, ya que a todas luces, sus presidentes siempre han actuado en defensa de los funcionarios públicos, pues ellos mismos son elegidos por los diputados, que son representantes de los intereses de los partidos políticos.

Aunque en 2016 la Asamblea aprobó que los finiquitos fueran firmados, no solo por el presidente de la CCR, sino de manera colegiada por los tres magistrados titulares, aún está por verse el grado de independencia que estos tendrán a la hora de aprobar dichos documentos al presidente Salvador Sánchez Cerén y al vicepresidente Óscar Ortiz, así como al resto del gabinete, ya que la queja permanente de la oposición es que no se sabe en qué se ha gastado el dinero el gobierno, ya que permanentemente pasa gestionando préstamos internacionales.