Saca llega a un acuerdo con la Fiscalía y se declara culpable para obtener menos años de condena


El expresidente de ARENA podría reducir su condena a 10 años luego de conocerse desvío de más de $298 millones a cuentas personales.

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La Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa en el caso contra el expresidente Antonio Saca acordaron un procedimiento abreviado en el juicio por actos de corrupción, tal como lo reveló El Salvador Times. En este acuerdo, el exmandatario como sus funcionarios más cercanos admitirán los delitos a cambio de una reducción de pena.

Esta mañana, previo al juicio, se conoció que había una negociación entre el ente fiscal como los abogados defensores de Saca, del exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank; del exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix; y del expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), César Funes, podrían preparar un acuerdo para solicitar un procedimiento penal abreviado en el caso y con ello solicitar 10 años de prisión para estos cuatro exfuncionarios, según comentó una fuente cercana al caso.

De acuerdo a lo establecido por la ley, este procedimiento es una figura procesal que se aplica desde el año 1998, con la entrada en vigor de la nueva legislación penal. Este consiste en la admisión de los hechos por parte del imputado y además otorga su consentimiento para la realización del procedimiento, es decir que el acusado acepta los cargos y los declara.

Con ello se puede prescindir de toda la formalidad del debate y dictarse sentencia de un modo simplificado, por lo que las penas suelen ser menores.
Justamente, esa es la salida que anunció la Fiscalía para este caso. En medio del juicio, solicitó para Saca y Charlaix 10 años de prisión a cada uno por los delitos de peculado y lavado de dinero; mientras que para Funes y Rank pidió cinco años por el delito de lavado de dinero.

Basado en el Código Penal, el delito de peculado es sancionado hasta con 15 años de prisión; mientras que por lavado de dinero se contempla una pena de prisión de ocho a 12 años y una multa de $50 a $2,500 salarios mínimos mensuales. Además, según la ley, por agrupaciones ilícitas –que consiste en asociarse y conspirar para cometer delitos- tiene una pena de tres a cinco años de cárcel.

Este beneficio solo incluye a estos cuatro imputados (Saca, Charlaix, Funes y Rank). Los restantes imputados quedan fuera de la negociación y se realizará un proceso judicial aparte.
Para el caso del resto de imputados, el contador del secretario privado de la Presidencia, Pablo Gómez; el exjefe de la Tesorería Institucional, Jorge Herrera; y el exjefe de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez, podrían tener el juicio que les corresponde. Aunque se desconoce si los defensores de estos podrán optar por una negociación abreviada, aunque -según la fuente- estos tres imputados quedarían fuera de esta negociación que se ha desarrollado [vía: ESTimes].